03-04-2006
Desde la toma de poder del Gobierno Provisional en la II República el día 14 de abril, se llevaron a cabo reformas inmediatas en el apartado laboral:
En el campo, se establecía jornada laboral de ocho horas, la obligatoriedad para los patronos de dar trabajo a los jornaleros del término municipal, la fijación de salarios mínimos, la prohibición de desahuciar a los arrendatarios por falta de pago al propietario y también el decreto de laboreo forzoso, por el que los propietarios se veían obligados a poner en producción sus parcelas cultivables. Esto palió en pequeña medida las injusticias que los jornaleros sufrían.
Se produjo en el país un aumento de las huelgas (de pescadores, mineros, braceros de campo, de la Telefónica) que terminaron enfrentando a los huelguistas con la fuerza pública, produciéndose varios muertos.
La Constitución firmada en 1931 reflejó planteamientos absolutamente nuevos, modernos y revolucionarios en todos los campos.
España era, según el artículo 1º “... una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de justicia”. Reconocía también la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
La legislación laboral era también moderna y justa, protegiendo los derechos de los trabajadores (seguros de desempleo, enfermedad, etc.). Especialmente revolucionario era el artículo 44 que preveía que “la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social, mediante adecuada indemnización... Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados”. Las ilusiones de los jornaleros sin tierra aumentaron y la oposición de los propietarios latifundistas creció, aunque “en ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes”. Se reconocía el derecho a la propiedad privada y a la libre iniciativa individual, aunque ambas se subordinaban a los intereses de la economía nacional, dejándose así la puerta abierta a la nacionalización, socialización e intervención estatal en la economía.
La política reformista de Azaña desde su llegada al gobierno el 28 de junio, hizo que para muchos de los jornaleros, la República fuera sinónimo de reparto de tierras. Sus esperanzas empezaron a verse frustradas y así, el día de fin de año de 1931, tuvo el gobierno que enfrentarse a su primer conflicto grave: en el pueblo de Castiblanco (Badajoz), la Guardia Civil al disolver una manifestación de campesinos, mató a uno; la multitud, enfurecida atacó a los guardias. La situación se agravó más todavía cuando, en Arnedo (Logroño), la Guardia Civil, mató en una manifestación a cuatro mujeres e hirió a veintiocho personas. El gobierno hizo responsable al general Sanjurjo, Director General de la Guardia Civil, de los excesos de Arnedo y lo destituyó. Ganándose así un peligroso enemigo que no tardaría en enfrentarse a la República. Por otro lado, deportó a Guinea a más de cien anarquistas relacionados con estos sucesos. Mientras el Parlamento debatía las leyes de reforma, las huelgas se multiplicaban.
En algunos pueblos del Bajo Llobregat, como Sallent (Barcelona) los mineros ocuparon la ciudad y se declararon independientes. Tras izar la bandera roja en el ayuntamiento, se abolió la propiedad privada y el dinero. El gobierno tuvo que ocupar la ciudad mediante las fuerzas del orden.
Respecto al problema del paro, no hubo un plan eficaz para la solución a gran escala, pese a que el gobierno dio inicio a un programa de obras públicas destinado a absorberlo.
El gran problema del campo español eran los latifundios, especialmente en el sur. Los jornaleros trabajaban de sol a sol por un sueldo miserable. Se carecía de maquinaria para trabajar. La miseria y la desesperación eran habituales entre los jornaleros. En estas condiciones el campo era una auténtico barril de pólvora donde arraigaban fácilmente las tendencias revolucionarias. El campesino sin tierras, al que la propaganda había prometido soluciones rápidas y radicales, se desesperaba con la lentitud del gobierno y se sucedieron los motines y ocupaciones de tierras, hechos resueltos con la intervención a menudo violenta de la fuerza pública.
Para solucionar este problema se llevó a cabo la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, que a grandes rasgos preveía la instalación de 60.000 a 75.000 familias campesinas en propiedades superiores a 10 hectáreas de regadío y de más de 300 hectáreas, todo esto con el concurso del IRA (Instituto de Reforma Agraria).
La pequeña cantidad dedicada (50 millones de pesetas, el 1% del presupuesto del Estado) hizo que la Ley se convirtiera en letra muerta y en la gran ilusión perdida. Cuando la derecha llegó al poder en 1933, sólo se habían asentado de forma definitiva 2.500 familias campesinas sobre 24.203 hectáreas. En 1935, el gobierno de derechas aprobaría la Ley de Reforma de la Reforma Agraria, para acabar con la tímida experiencia.
Hubo durante estos años numerosos levantamientos campesinos, generalmente de signo anarquista, en muchos pueblos. Pero especial importancia tuvo por sus repercusiones y violencia. En este lugar, el 11 de enero de 1933, campesinos de la CNT, se apoderaron del pueblo y acabaron con la vida de dos guardias civiles del puesto. El gobierno envió a la Guardia Civil y Guardia de Asalto para que recuperaran el lugar. Dieciocho personas fueron asesinadas, entre ellas niños y mujeres. La opinión pública y el Parlamento se conmovieron. El gobierno fue duramente atacado desde todos los frentes. La imagen del gobierno ocasionó el desprestigio del gobierno. Esto quedaría de manifiesto en las elecciones de noviembre de 1933. El anarquismo protagonizó una campaña de oposición al Parlamento de la República a la que despreciaba, pidiendo la abstención en las urnas. Su actitud revolucionaria sería a la larga, uno de los motivos de la caída de la II República. La abstención fue grande en las regiones donde los anarquistas predominaban y muy pequeña donde la derecha tenía más peso. De esta forma no es de extrañar que la derecha ganara las elecciones.
Durante el Bienio Radical – Cedista las dos agrupaciones anarquistas CNT (más moderada) y la FAI (más radical) estuvieron enfrentadas. Por su parte ambas eran rivales de la UGT a la que consideraban aburguesada y poco combativo.
Como protesta por las contrarreformas impulsadas por el gobierno derechista, los sindicatos agrarios convocaron una huelga general para el mes de junio de 1934 que obstaculizaría la siega. Afectó a 700 pueblos y el gobierno, considerando la recolección de la cosecha de interés nacional, reaccionó con desmesurada energía desmantelando los sindicatos agrarios. Hubo más de 200.000 huelguistas en 37 provincias; más de 7.000 detenidos y 13 muertos entre jornaleros o propietarios. Muchas Casas de Pueblo y periódicos izquierdistas fueron cerradas.
Pero sería en octubre de 1934 cuando la II República sufriría la crisis más grave: el día 5, dio comienzo el movimiento revolucionario, capitaneado por los socialistas, que llamaron al país a la huelga general y la insurrección armada. La justificación: la entrada en el gobierno de tres ministros cedistas.
El movimiento duraría una semana en Madrid, País Vasco, Ferrol, Murcia, Alicante y las cuencas mineras del sur. En Cataluña se proclamaba la República catalana, dentro de la República Federal Española. En Cataluña la situación fue rápidamente controlada. Pero en Asturias se trató de un auténtico movimiento revolucionario social a fin de abolir “el régimen burgués”, según CNT y UGT. 20.000 trabajadores armados se hicieron con las cuencas mineras y Oviedo. La Alianza Obrera, que integraba a los socialistas, comunistas y anarquistas establecieron un sistema de abastecimiento, sanidad, orden público, servicios médicos, etc. Tratando de que la vida siguiera su curso natural.
El gobierno reaccionaría con dureza enviando a las tropas del Ejército de África. La revuelta dejó tras de sí 1.335 muertos, la mayoría de ellos revolucionarios así como 284 del ejército y fuerzas de seguridad. A grandes rasgos se produjeron bajadas de salarios, se aumentaron las horas de trabajo, se despidieron a obreros y se controlaron a los sindicatos de manera directa en todo el territorio nacional. Si algo consiguió el movimiento de Asturias, fue desestabilizar al gobierno de Lerroux.
La unión de todas las izquierda en el conocido como Frente Popular gracias a la intervención de Azaña y Prieto provocó un claro abismo de separación entre la derecha y la izquierda. Los partidarios de uno y otro lado fueron radicalizados por los incendiarios discursos de sus líderes políticos: el lider socialista Largo Caballero afirmaría que en caso de que ganará la derecha las elecciones “procedería a declarar la guerra civil”, lo mismo haría en este caso la Falange. En este clima, los enfrentamientos callejeros fueron constantes y muy violentos.
Las urnas darían el triunfo al Frente Popular, lo cual produciría una escalada de violencia por parte de la derecha, que recibiría su contestación desde la izquierda: atentados, saqueos, atracos, asesinatos, apaleamientos, insultos, incendios de sedes sindicales, periódicos rivales y edificios religiosos, huelgas salvajes..., que el gobierno no fue capaz de atajar.
Se volvió a acelarar el proceso de Reforma Agraria y el IRA a ocupar las fincas que considerase de utilidad. La ilusión por el reparto de tierras renació. La situación en el campo empeoraría rápidamente con un incremento de la conflictividad.: robos de cosechas y animales, tala de árboles; violencia de los propietarios que defendían sus cosechas a tiros. El paro agrario aumentó: en junio de 1936, de los 800.000 trabajadores que se registraron en el paro, 500.000 eran jornaleros del campo.
La inquietud social crecía en las ciudades alimentada por el sector revolucionario del PSOE y la UGT y por la CNT que despreciaba, ahora también, al gobierno burgués del Frente Popular y pretendía una revolución que crease una sociedad sin clases, estructurada en comunas libertarias. Las peticiones obreras eran las habituales: mayor salario y menos horas de trabajo. Se exigió la readmisión, con indemnización, de los despedidos por motivos políticos o sindicales. La hostilidad de los patronos se desató cerrando fábricas, talleres y minas.
En todas partes se oía la palabra revolución, a las que unos aspiraban y a las que otros se oponían. El resultado sería la destrucción del régimen republicano.