¿La DEA camufla la entrada de droga a USA?

La DEA http://es.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration son quienes se encargan del combate al trafico de drogas nació en los 70s  y se a encargado de imponer muchas políticas a Latinoamerica en teoría buscando coordinar la lucha contra el narcotrafico. En el 2005 el gobierno de Venezuela acuso a la DEA de colaborar y tener vínculos con el narcotrafico por su parte los norteamericanos que siempre ignora las acciones de Venezuela dieron una discreta declaración de que Venezuela "no contribuye" en la lucha contra el narcotrafico.

No se a quien creerle USA o a Chavez ambos para mi son sumamente falsos. 

Esperemos a ver si los de Wikileaks sacan algo a la luz. 

Tema delicado, recuerdo que una de las premisas del gobierno americano en Afganistan era acabar con el opio, pero años despues se comercializa desde alli más que antes de la entrada de los americanos, no lo entiendo. 

En US hay varias cosas que para algunos los anti US son fundamentales para su economia

*El negocio del Armamento siempre tienen que tener una guerrita o tener tensa alguna parte del mundo para que el negocio del armamento siga funcionando el presupuesto militar de US es mayor que todo el resto de paises juntos 500mil millones de dolares con este dinero muchos se hacen ricos, el dia que baje la tención en el mundo los mas perjudicados van a ser los productores de armas.

*El petroleo fundamental para mover su producción las compañías petroleras estan muy ligadas a factores de poder norteamericano

*La droga la lucha contra el narcotrafico es fuente de muchos empleos y también genera muchos empleos en el mundo el negocio del narcotrafico mueve mas de 300mil millones de dolares son el pais que mas consume drogas y el primer productor de marihuana a nivel mundial Colombia tiene el gobierno mas pro US de toda AL y es precisamente Colombia el primer productor de cocaina a nivel mundial.

En el caso de Venezuela limita con el mayor productor de drogas del planeta y por ende aquí  se las ingenian para pasar droga a otras partes del mundo EU / US y que se halla expulsado a la DEA del pais solo pueden haber dos hipotesis

A) Que sea la DEA solo un parapeto que se encarga de regular la entrada de droga una especie de "peaje"

B) Que el gobierno de Venezuela tenga vinculos con el narcotrafico y no quieren que lo investiguen

Las autoridades Venezolanas dicen que desde que expulsaron a la DEA de Venezuela y se creo una organización Venezolana llamada la ONA (Oficina nacional anti drogas http://www.ona.gob.ve/ ) , segun el gobierno los de la DEA solo colaboraban con los narcos y dicen ellos que se a triplicado la cantidad de drogas provenientes de Colombia y se han capturado del 2005 al 2010 54 grandes capos de la droga de diferente nacionalidad siendo reportaodos a sus respectivos paises generalmente son de nacionalidad Italiana y Colombiana cuando del 2000 al 2004 solo se capturaron 5 (cuando estaba la DEA) . El plan Colombia, posteriormente plan patriota que era ayuda militar de los norteamericanos a Colombia en la lucha contra el narcotrafico solo se a enfocando en matar guerrilleros y hacer un show con eso pero en lo que se refiere a narcotrafico a sido totalmente nulo.

Dragón, creo que es la primera vez que coincido contigo al 100%.

De US salen las arman de los narcos mexicanos

http://www.youtube.com/watch?v=EAJbXjk02Jw&feature=player_embedded#

http://www.youtube.com/watch?v=IvSFK-rNgXk&feature=player_embedded#

Asi es Dragón, pero eso es algo que cualquiera en México lo sabe...

                                  Contacto en Caracas.

                          Cuando el futuro nos alcance

                                                                                                  por Kelder Toti

Desde el año 2004 en Venezuela se comenta con insistencia que la principal banda de traficantes de drogas no es un grupo delictivo como podríamos imaginarlo según los patrones de Estados Unidos, con las “familias” de la Cosa Nostra americana o de Colombia, con los carteles de Medellín, la Guajira, Cali o más recientemente del Norte del Valle. Esta actividad ilícita estaría dominada por un conjunto de oficiales generales activos de la Fuerza Armada Nacional. Es por esta razón que ha sido denominado el Cartel de los Soles, que está siendo sustituida por oficiales de la promoción del Padrino (Cartel de Maracay). El origen de este nombre tan peculiar es incierto. La primera vez que se escuchó fue antes del gobierno de Chávez, para designar a los generales de la Guardia Nacional (GN) implicados en la llamada Operación Norte, en específico a los exjefes del comando antidrogas Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas. Ambos fueron procesados por tráfico de drogas y sobreseídos en 1993 por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez antes de que hubiese sentencia firme, cosa que hizo para mantener el apoyo de la Guardia Nacional. Como los dos oficiales eran generales de brigada, el grupo fue llamado Cartel del Sol, en singular. Cuatro años después, con Rafael Caldera en el poder, el tema resurgió en el debate público a propósito de una investigación desarrollada por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) contra un grupo de militares que supuestamente traficaba drogas en los estados Monagas y Anzoátegui, en complicidad con un sujeto llamado Pedro Antero Gerinho. Curiosamente, el instructor y principal denunciante de este caso fue el mismo que ocasionalmente había participado en la averiguación contra Guillén Dávila. Se trataba del abogado y coronel asimilado al Ejército Claudio Turchetti.

Lo único que este caso tenía en común con el primero era que algunos de sus implicados formaban parte de la GN. No obstante, en el segundo expediente había también una mezcla de funcionarios de distintas policías con agentes de la DIM, la Disip (policía política, actual Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin) y prominentes empresarios. Además, nunca pudo implicarse a un oficial con grado superior al de teniente coronel.

¿Cómo era posible que se pudiese hablar del mismo “cartel” pero con distintos actores, en realidad no son un Cartel de la Droga, sino transportadores de estupefacientes y drogas, ya sea por vía aérea, por tierra o fluvial, algunos de los cuales ni siquiera llenaban el requisito de ser generales? La pesquisa sobre el Cartel del Sol dio origen a un expediente militar que se diluyó en 2001 en una maraña de incidencias legales entre la Corte Marcial y el Tribunal Supremo de Justicia. Los tribunales simplemente no dieron crédito a la tesis del coronel Turchetti. El régimen, además, no le tenía simpatía, pues fue él quien años atrás había revelado el video en el que Hugo Chávez, recién salido de la cárcel de Yare gracias al indulto concedido por Caldera, era recibido en Cuba con honores dignos de un jefe de Estado.

En septiembre de 2000, cuando ya conocía que la batalla estaba perdida, Turchetti envió una carta al presidente para advertirle sobre “un grupo que pretende enquistarse en su gobierno, vinculado al narcotráfico”. La organización, por supuesto, estaba conformada mayoritariamente por militares, cuyos nombres no precisó en esa comunicación.

La historia sobre el Cartel del Sol pasó a segundo plano hasta febrero de 2004, cuando una comisión de la Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial mató a Eudo González Polanco en una finca de Tocuyito, estado Carabobo. Este hombre era hermano de Hermágoras González Polanco (alias Armando González Apushana), señalado como líder del cartel de la Guajira en Venezuela, quien fue capturado en 2008 y todavía permanece en calidad de procesado en un calabozo del Sebin. Entre las pertenencias de Eudo González hallaron un carnet que lo identificaba como comisario ad honorem de la GN, firmado por el general de brigada Alexis Maneiro Gómez, quien fue jefe del Servicio de Inteligencia y del Comando Regional 7, precisamente el que tiene jurisdicción sobre los estados Anzoátegui y Monagas. Este hecho ameritó la investigación de una comisión parlamentaria, que recomendó la inmediata destitución del alto oficial. Hasta ese momento los conflictos en este grupo se mantenían con cierta contención, es decir, las víctimas eran siempre miembros o rivales de las distintas organizaciones.

Pero en septiembre de ese año las cosas cambiaron. Ocurrió en Venezuela la primera muerte a manos de sicarios de un activista político ligado estrechamente a los medios de comunicación en Maturín. El locutor Mauro Marcano fue ultimado en el estacionamiento de su residencia cuando se disponía a ir a la radio donde moderaba un programa que se había convertido en tribuna para denunciar la corrupción militar asociada al tráfico de drogas. Precisamente en vísperas de su asesinato Marcano había ofrecido divulgar los nombres de los oficiales que dominaban este comercio en la región oriental. Las investigaciones de la policía judicial apuntaron hacia José Ceferino García, alias el Indio, un hombre con amplios antecedentes por tráfico de psicotrópicos. Su nombre fue conocido inicialmente en el gobierno de Rafael Caldera, debido a las denuncias de un delegado de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) para Delta Amacuro, Armando Johan Obdola. Debido a ellas el funcionario tuvo que solicitar refugio en Canadá, donde vive actualmente, y se dedica a denunciar al cartel de los Soles.

Cartel o no cartel En julio de 2005 The Miami Herald publicó una nota en la que ya se habla de la existencia de “un grupo de contrabandistas de drogas conocido como el Cartel de los Soles, por las insignias de los generales venezolanos”. Esa expresión era atribuida a un diplomático destacado en el país, cuyo nombre no fue divulgado. La historia cobraba fuerza en virtud de los casos recientes del general Maneiro, de Mauro Marcano, y también por la presunta participación de generales del Ejército. ¿Es correcta la expresión de cartel para referirse a esta supuesta organización de oficiales? Brand (1984) explica que un cartel es “un grupo de empresas que acuerda fijar mutuamente precios aceptables para sus productos, lo cual frecuentemente es acompañado por cuotas de producción y de inversión”, controlando todas  las actividades conexas que existan en el sitio o lugar donde se asienta. Esta definición de la ciencia económica fue trasladada al mundo de la investigación criminal para designar al producto del acuerdo o colusión de productores de una mercancía ilegal para controlar su oferta y, por ende, sus precios (Smith et al., 1993).

En América los únicos carteles propiamente dichos han sido en primer término los de Medellín y Cali, que llegaron a controlar hasta el 70% de la producción mundial de cocaína, y posteriormente las FARC, con una participación mucho menor en el mercado. Antes, con la “bonanza marimbera”, no existía esa figura sino la de múltiples productores y ofertantes. La noción de cartel aplicada a este ámbito de conocimiento ha sido cuestionada, debido a que no toma en cuenta la realidad cambiante de los mercados ilegales, que es muy dinámica. El grupo de los antioqueños liderado por Pablo Escobar, Carlos Lehder, los hermanos Ochoa y José Gonzalo Rodríguez Gacha apenas gozó de hegemonía en el mercado de las drogas durante un lustro, y ya para 1985 competía con una lista de organizaciones que tenían participación en este comercio.

Entonces, trasladar el concepto de cartel al ámbito de los generales venezolanos es un error. Por un lado, porque en el país no se producen drogas y, en consecuencia, los oficiales no podrían llegar a acuerdos que regulen sus precios, tal y como lo hacían los “narcos” de Medellín, sino solo se dedican a transportarla, el problema radicará cuando grupos delictivos lo desplacen de su acción. Por otro lado, los carteles tienen una estructura interna más o menos estable. Sus líderes tienen la pretensión de permanecer en el tiempo. Es posible que sean sustituidos por la fuerza debido a pugnas intestinas o por conflictos con las autoridades u otras organizaciones delictivas. Incluso, en la circunstancia de que alguno de sus miembros sea encarcelado, el liderazgo del cartel intenta preservarse. Ejemplo claro de esto fue la experiencia de Pablo Escobar durante los últimos años de su vida, de ahí la importancia de combartirlo cuando son embrionarios.

En el caso venezolano sería pertinente otro tipo de análisis. Si una parte del generalato venezolano se ha corrompido de forma profunda, concertada y continuada, sería posible estudiar el asunto como el producto de una asociación para delinquir, según los parámetros establecidos en el Código Penal italiano y en el estatuto RICO de Estados Unidos. Algunos de ellos, por cierto, fueron recogidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Esto impondría numerosos retos para los investigadores, sobre los cuales en este momento apenas se puede arrojar alguna luz.

La mesa servida: Lo más importante es atenerse a los hechos, y la forma como se fueron concatenando a partir de 2005. Ese año se tomó una decisión clave para entender el desbordamiento de la delincuencia en el país, en especial la organizada. En lo público, esta decisión ha sido descrita como la ruptura del convenio de cooperación con la Drug Enforcement Administration (DEA), la policía antidrogas estadounidense. El presidente la anunció en una intervención pública, luego de analizar un informe remitido a la comandancia de la GN por el entonces jefe del Comando Antidrogas, general de brigada Frank Morgado, en el que describía una serie de operaciones fallidas, desarrolladas en el seno de un grupo especial de investigaciones conformado bajo la tutela de la DEA con personal escogido de CICPC, la Fiscalía y la propia GN. A Morgado esto le olía a una reedición del caso Guillén Dávila (en el cual él también estuvo implicado, siendo entonces un oficial subalterno).

Sobre la base de una casuística, el jefe del Estado tomó una decisión política que ha tenido importantes consecuencias negativas para el país. Venezuela no solo se distanció de la DEA (esa hubiese sido una consecuencia menor), sino de toda la comunidad de policía internacional, lo que dejó al país prácticamente aislado en materia de investigación a las distintas manifestaciones del crimen organizado. Por lo tanto, a merced de ellas.

Se debe aclarar que el referido convenio de cooperación en realidad no era con la DEA, sino con la Sección de Asuntos sobre Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado. Tenía la forma de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, que incluía desde luego aspectos relacionados con la actividad de interdicción que han sido los más conocidos. Pero había otros tan importantes como ese, destinados a asuntos disímiles como la reforma al sistema aduanero, el fortalecimiento del sistema de administración  de justicia e incluso la formación de representantes de la sociedad civil en prevención y tratamiento de las farmacodependencias. Todo eso fue paralizado y reemplazado posteriormente con iniciativas improvisadas, como fue por ejemplo el caso de la instalación de escáneres chinos en la Aduana Marítima de Puerto Cabello, que pronto fallaron.

La decisión de Chávez generaba entonces condiciones ideales para la radicación en Venezuela de mafias de todo tipo. Bastaba a estos sujetos hacerse auténticamente “revolucionarios” para obtener una patente de corso. Ya la Constitución aprobada en 1999 había cerrado la posibilidad de extraditar a los venezolanos requeridos por los tribunales de otros países, de manera que al obtener la nacionalidad los hampones se hacían prácticamente intocables por los delitos cometidos en otras latitudes. Así ha ocurrido por ejemplo con Arturo Cubillas Fontán, señalado por el magistrado de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco como el enlace entre la organización separatista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA) y las FARC. Cubillas fue jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) hasta la salida de Juan Carlos Loyo, en diciembre de 2011. Hubo, además, otras importantes decisiones que implicaron en la práctica cesiones de territorio a los grupos irregulares y delictivos que operan en la frontera con Colombia.

Los teatros de operaciones fueron desmantelados y reemplazados por unidades militares carentes de autonomía operativa, tuteladas desde Caracas. Se prohibió a la policía judicial desarrollar pesquisas antidrogas en la región limítrofe. Al mismo tiempo, los planes de erradicación de cultivos ilícitos fueron paralizados hasta 2005 con el argumento de que se atendía las quejas de grupos ecologistas. Ese año fueron detectadas 250 hectáreas de coca y amapola de opio. Fue el último en que se contó con la “imagenología” suministrada por la cooperación internacional. Ya los sobrevuelos con los aviones de la DEA equipados con cámaras especiales tenían cuatro años sin realizarse en el país. Desde 2006 la detección de los sembradíos se ha hecho mediante recorridos en helicópteros del Ejército, con escasos resultados. En este caso, no es que Venezuela sea un país “libre de cultivos ilícitos”, sino que las hectáreas de coca y amapola no son avistadas ni reportadas. Son, por decirlo en términos criminológicos, pura cifra negra. Todas las operaciones Sierra efectuadas desde entonces carecen, además, de la verificación que antes hacían invitados de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por lo tanto, no hay forma de contrastar lo que dicen los voceros gubernamentales.

Mientras tanto, en Colombia avanzaba la aplicación de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe. En materia de drogas y otras actividades del crimen organizado se produjo lo que se conoce como el efecto “globo” o “cucaracha” (Bruce Bagley): los grupos que antes estaban en el centro del territorio neogranadino se trasladaron a la periferia, con tendencia a mudar sus operaciones a los países vecinos (Ecuador, Venezuela y Panamá). Esto podía percibirse claramente cuando se analizaba la evolución de las estadísticas de vuelos ilícitos en el eje colombo-venezolano entre los años 2003 y 2008. En el primer año de la serie la ruta más usada por los aviones de la droga era el corredor del Pacífico colombiano. En el último año, el trayecto más recorrido partía desde el sur de Apure hacia Falcón y Zulia, y finalizaba en las playas de Honduras o de República Dominicana. La mesa estaba servida para que los militares venezolanos pudieran ofrecer a los grupos de traficantes colombianos algo que ellos buscan con ansias: una “ruta segura” para sus cargamentos. Para unir esta oferta con los demandantes hacían falta dos importantes brokers o intermediarios, empresarios de la droga y lo que venga con ella. Eran Walid Makled, alias el Turco, y José María Corredor Ibagué, mejor conocido como el Boyaco.

De Putumayo al Hotel Tamanaco: La captura de José María Corredor en octubre de 2004 fue quizá una de las últimas grandes operaciones promovidas por la DEA en Venezuela. Los documentos internos señalaban claramente que Corredor era un enviado del Bloque Sur de las FARC, unidad comandada por José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, para colocar alijos de drogas a cambio de armamento para la organización. Corredor fue apresado en el lobby del Hotel Tamanaco, en Las Mercedes, cuando iba a reunirse con un agente encubierto para cuadrar un envío de drogas. El “cuerda floja” se sentó junto a él, luego se levantó para ir al baño y en ese momento se produjo la captura. Ante el Gobierno Corredor fue descrito como un “paraco” para así garantizar que permanecería detenido hasta el momento de su extradición. Una mentira blanca. Para ese momento, según documentos de la DEA, el Boyaco tenía más de año y medio operando con la complicidad de un empresario ampliamente conectado con los militares del centro del país, propietario de las almacenadoras más grandes del puerto más grande de Venezuela: Walid Makled García.

Makled tenía nexos con la guerrilla y con los paramilitares. No era difícil, pues los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habían reconfigurado en pequeños grupos conocidos como “bacrim” y llegaron a acuerdos operativos con frentes de las FARC que operan en Norte de Santander y los Llanos Orientales colombianos, para así garantizar la continuidad del “negocio”. Estas eran alianzas endebles, nada perdurables. El cartel del Norte del Valle y sus sucedáneos solo tenían en común con los guerrilleros el ansia de acumular riqueza.

Ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos y a menudo las disputas se resolvían a tiros. Makled y el Boyaco tuvieron un entendimiento que incluso trascendió a la propia detención del colombiano. El alijo de 5,5 toneladas de cocaína incautado en un jet en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, en abril de 2006, fue enviado hasta allá desde el aeropuerto de Maiquetía en una operación organizada por el Turco. Él mismo lo ha reconocido. La droga pertenecía a las FARC y sería recibida en México por sujetos al servicio de una organización conocida como la Federación, comandada entonces por Joaquín Guzmán (alias Chapo) e Ismael Zambada (el Mayo). Si en algo hay que dar crédito a Makled fue cuando afirmó que ese jet no pudo haber despegado sin la anuencia de las autoridades militares que controlan todas las actividades del principal Terminal aéreo del país.

El avión estuvo tres días en una rampa mientras le hacían reparaciones y esperaban la llegada del alijo, distribuido en 155 maletas que fueron colocadas en cada butaca. Cuando despegó tuvo un desperfecto en una compuerta y el piloto, Carmelo Vásquez, tuvo que devolverse de emergencia. Sin embargo, no lo inspeccionaron. Repararon la falla y nuevamente salió. Venezuela poco a poco fue llenándose de enviados de todas las organizaciones criminales. Del Norte del Valle llegaron sujetos como Salomón Camacho Mora, Wilber Varela y Farid Feris Domínguez, todos ellos capturados o muertos en territorio nacional. De Italia llegó Salvatore Miceli, que en Venezuela representó al mismo tiempo los intereses de la Cosa Nostra siciliana y de la mafia calabresa (´Ndrangheta). Desde México llegaron Luis Frank Tello y su compañera sentimental Gloria Rojas Valencia, ambos deportados en distintos momentos. Otros tantos han continuado operando. De ellos el más notable es Daniel Barrera, alias el Loco, señalado por autoridades colombianas y estadounidenses como el principal traficante de cocaína del momento.

No le faltaba razón a Bayardo Ramírez Monagas, expresidente de la Conacuid, cuando afirmaba que las autoridades venezolanas, en el afán de aparentar que luchan contra el tráfico de drogas, lo único que han hecho es atacar a un solo bando de este negocio, siempre el lado de los paramilitares o sus derivaciones. Algo similar a lo que se ha dicho con respecto a las presidencias mexicanas que antecedieron a Felipe Calderón. En Venezuela los únicos paracos que cayeron en manos de las autoridades fueron el Boyaco Corredor, que luego se evadió de la Disip, y Juan Martínez Vega, alias Chigüiro, cuyo nombre figura en la acusación judicial contra la cúpula de las FARC en una corte estadounidense. Este hombre fue detenido casi como un hecho colateral en febrero de 2005, cuando se llevó a cabo el rescate de Maura Villarreal, la mamá del entonces grandeliga Ugueth Urbina, quien había sido plagiada por el frente 10 de la guerrilla colombiana. La mujer estaba cautiva en una instalación turística abandonada al sur del estado Bolívar. Cuando los agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de CICPC la liberaron, hallaron además 630 kilos de cocaína escondidos en el mismo lugar.

Las perlas de Aponte Aponte A medida que pasa el tiempo aumenta el cúmulo de indicios sobre la participación concertada y continuada de oficiales generales en el tráfico de drogas. De esta historia apenas se conocen algunos datos, develados gracias a que los propios aliados del régimen sienten cerca el final y tratan de negociar una salida antes de que se hunda el barco. Las primeras pistas al respecto fueron divulgadas a partir de la segunda mitad de 2008, cuando el Departamento del Tesoro anunció el congelamiento de las cuentas y bienes que pudieran tener en Estados Unidos el entonces director de la Disip, y actual ministro de la Defensa, general Henry Rangel Silva; el general de brigada Hugo Carvajal (el Montesinos de Chávez, según la revista Semana) a la sazón director de Inteligencia Militar, y el capitán de navío retirado y exministro de Relaciones Interiores Ramón Rodríguez Chacín. Todos ellos porque supuestamente sirvieron de enlace con las FARC en el intercambio de armas por drogas. Al conocer esta noticia el presidente no solo descartó los señalamientos, sino que ascendió a Rangel al grado de general en jefe y lo promovió a la conducción del Comando Estratégico Operacional. Hoy en día, es el gobernador de Trujillo. ¿Cuál es la causa de pactar con él? ¿Cómo entender esta decisión del comandante en jefe? La razón es muy fácil de adivinar, mantenerse en el poder pactando con aquellos que por su precaria condición le pueden servir de sostén.

La lista del Tesoro fue engrosada en septiembre de 2011, como consecuencia del análisis de los archivos hallados en el campamento donde murió Raúl Reyes tres años atrás. El bloqueo de cuentas y bienes fue extendido también al comandante de la Cuarta División Blindada y jefe de la Guarnición de Maracay, general de división Clíver Alcalá; al diputado Freddy Bernal, el comisario del Sebin, Ramón Madriz, y al diputado Amílcar Figueroa, cuyo nombre también fue mencionado como uno de los respaldos políticos de ETA en Venezuela. En resumen, de las siete personas sancionadas por el Tesoro debido a su aparente vínculo con las FARC y el tráfico de drogas, dos son militares activos de alta graduación, otras dos son retirados que han ejercido posiciones clave en el Gobierno, una es miembro de la policía política con la mayor jerarquía y dos son civiles. Todas actuando en una aparente asociación continuada hacia un mismo fin, el traslado de droga. Falta, sin embargo, la información sobre hechos concretos en los que algunos de los miembros de esta sociedad hayan actuado. Ese dato lo aportó el coronel retirado (GN) Eladio Aponte Aponte, exfiscal general militar promovido por el propio régimen a la máxima posición de la justicia penal, es decir, a la presidencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Antes de salir del país para convertirse en colaborador de la policía antidrogas estadounidense, Aponte reveló que por presiones de la cúpula militar del momento tuvo que otorgar una medida cautelar al teniente coronel del Ejército Pedro José Maggino, quien fue detenido en marzo de 2006 junto a otros dos oficiales, dos suboficiales y un civil a propósito de las investigaciones posteriores al decomiso de un alijo de 2,2 toneladas de cocaína. Este cargamento fue traído desde Colombia en noviembre del año anterior por vía terrestre y ocultado en la sede de un batallón ubicada en Carora, estado Lara. A pesar de esta circunstancia, Maggino fue ascendido posteriormente al grado de coronel, y continúa activo en la FAN.

El desenlace del caso Aponte, así como los hechos previos, sugieren además que en la FAN no existe un Cartel de los Soles, sino por lo menos dos grandes estructuras en pugna por el control del paso de drogas (El Cartel de los Soles y El Cartel de Maracay). La salida de Makled a partir de 2008 dejó a la GN en posición desventajosa frente a una alianza de facto entre las FARC y el componente terrestre, lo que permitió controlar las almacenadoras de los puertos, donde se guarda la droga.

En 1993, Alain Labrousse observaba que Venezuela “ofrece estupendas oportunidades a los narcotraficantes”. Su vecindad con Colombia, la existencia de amplias fachadas con el mar Caribe y el océano Atlántico y, lo que resultaba más importante, la existencia de una élite política que poca atención le ponía al problema del tráfico y consumo de drogas y una policía científica incapaz de lidiar con grandes estructuras criminales le conferían; al territorio unas características ideales que en algún momento hicieron al primer gran arrepentido de la Cosa Nostra, Tomasso Buschetta, recomendarlo como destino para los mafiosos en apuros.

Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder hubo militares activos y retirados implicados en casos de drogas. En 1992 fue detenido en una operación encubierta el general de brigada (Ejército) Alexis Ramón Sánchez Paz, a la sazón agregado militar en Estados Unidos. El tratamiento a una lesión lo hizo adicto a los narcóticos, especialmente la morfina, y esto lo llevó a traficar alijos hacia Estados Unidos, donde finalmente tuvo que pagar diez años de prisión.

Durante el segundo período de Carlos Andrés Pérez también cayeron Guillén y Hernández, aunque en condiciones totalmente diferentes. Aún hoy en día existe la duda de si estos oficiales efectivamente traficaban para provecho propio o como parte de un convenio secreto con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Fue en esa época cuando comenzó a hablarse del Cartel del Sol, aunque el cúmulo probatorio no permitía concluir la existencia de un cartel, con las características que tenía en Colombia. Esta idea, sin embargo, ha perdurado hasta nuestros días para designar al grupo de militares en actividad que supuestamente ha establecido cierta hegemonía sobre el tráfico de drogas, debido a su vínculo con el poder establecido.

No obstante, la evidencia que ha surgido desde la divulgación de los archivos informáticos hallados en poder de Luis Edgar Devia (alias Raúl Reyes), encargado de las relaciones internacionales de las FARC, así como también con la detención del empresario Walid Makled, y más recientemente con la declaración del exfiscal general militar y expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coronel retirado (GN) Eladio Aponte, se puede señalar que no existe un cartel propiamente dicho sino al menos dos grandes grupos de militares que se disputan este liderato.

El efecto corruptor de las relaciones entre militares activos y grupos de delincuencia organizada transnacional es mayor a medida que el tiempo pasa y los oficiales se enquistan en posiciones de poder. Un referente histórico claro de esta situación lo tenemos en el breve gobierno del general Luis García Meza en Bolivia (1980-1981), quien intentó capitalizar las relaciones adquiridas con el cartel de Medellín desde años antes de asumir la primera magistratura. Esto sumió al país suramericano en una espiral de ingobernabilidad que propició la caída del régimen, en medio de una gran presión internacional, lo que pudiera ocurrir en Venezuela si se permite su existencia.

El peligro real existirá cuando estructuras criminales, ya sea los pranes, bandas traficantes de drogas o policías aislados; se apoderen del traslado de la droga, y comiencen a controlar el territorio como zona nodal, tráfico y embarque; sembrando la muerte y el caos a su paso; con el grave problema de la lucha por el poder, que debilitará al Ejecutivo.

La estrategia en contra del Cartel de los Soles y Maracay: es permitir que los involucrados mantengan sus fortunas personales y tengan  escoltas que los proteja de la acción del equipo Alfa de la CIA, y se muevan constantemente. Detención y traslado al Helicoide de aquellos que no acepten el llamado a desmantelar la red; Las pesquisas del CICPC en la frontera y los Puertos. Desincorporación gradual de los oficiales involucrados de las Fuerzas Armadas. Detención y encarcelamiento en el Helicoide de los operadores internacionales, que no acepten abandonar el país. Esto se tiene que hacer de manera urgente para evitar la intervención de la Interpol en Venezuela.

La muerte de los policías es una consecuencia de lo anterior, o son asesinados por bandas hamponiles que intentan controlar territorio, lo cual los lleva a emboscarlo de civil, asesinan a sus familiares y amigos; limpiando el terreno de posible elementos de resistencia; el enfrentamiento de los policías con hampones que luchan hasta morir al saber que serán ajusticiados si llegan a ser detenidos o el asesinato por bandas de traficantes, que temen la competencia de policías que trafican. Todo esto dificulta la acción antidelictiva.

Al controlar un territorio de una ciudad o barrio los pranes  se escapan de la cárcel o reten, el motivo es evitar ser asesinado por otro pran o el peligro de una revuelta de reclusos, ellos pueden lograr controlar la zona exterior al eliminar los posibles elementos que le ofrezcan resistencia, pactando con la población su permanencia en el barrio convirtiéndose en sus protectores de otras bandas criminales.

Los pranes influyen en las decisiones que se toman en los tribunales y los casos que investiga el CICPC, negociaron con éxito una alianza con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que permitirá no solo evitar choque entre ellos sino controlar territorio fuera de la cárcel,  evitando que puedan estar en contra de su actividad delictiva, recurriendo al soborno, intimidación o asesinato selectivo, como herramienta de poder.

Si los internos realizan una acción sin la autorización del Pran, este envía a uno de sus Luceros para que los asesinen, y juegue con su cabeza futbolito, y si son varios juegue bolas criollas. El pran tiene casi siempre la fuerza para remover a los Directores de los Penales, siempre tiene los números telefónicos de los Directores Generales de Servicios Penitenciarios del Ministerio para las Relaciones Interiores y Justicia.

Los Luceros: Son los sicarios que ejecutan las ordenes del Pran. El Pran tiene a su cargo “el Carro”, que son el grupo de internos que fungen de escoltas suyos, que pueden ser de 12 a 15, teniendo relaciones sexuales y afectivas con ellos, para mantener su lealtad, los Luceros andan fuertemente armados, las armas son vendidas por la Guardia Nacional,  y uno de ellos funge de contador, y se encarga de las finanzas del Pran.

El dinero le llega al Pran por las bodegas de los penales, remates de caballo, extorsión en la calle, droga y el impuesto que deben cancelar todos los internos, que son de Bs.- 50 a 100 diarios, Pagar para vivir. El líder del penal cobra por todo. Para que un recluso pueda salir a tribunales, primero debe cancelar entre BsF 200 y BsF 500 a la semana. Cuando el pran lo autoriza, previo pago, el reo deberá volver a pagar BsF 100 a los guardias nacionales para que le permitan subir al vehículo que lo trasladará a los juzgados. Distribución de drogas, secuestro y extorsión, esto refleja la cultura del cartel, que extenderá al exterior de la cárcel. Ese dinero va por escalas para las finanzas directas del Pran, pero también para los funcionarios que dentro y sobre todo fuera de la cárcel, le permiten mantener el control y el poder. Controla, además, la cantina, la venta de licor, cigarrillos, drogas, el alquiler de teléfonos celulares, el ingreso de artefactos eléctricos, neveras, televisores, computadoras, el alquiler de minitecas, contrato con artistas, autorizaciones para que los internos puedan vender artesanías, perros calientes, empanadas, venta de armas y municiones, etc. Esto es el desarrollo de la cultura de cartel, que será trasladada al barrio.

En realidad se refieren a los “pranes” y sus “luceros”, parte de la organización que se ha desarrollado dentro de las cárceles venezolanas producto del abandono por parte del Estado venezolano, ya que los funcionarios de prisiones y Directores de los penales se alían con ellos, obteniendo beneficios de la alianza, de lo contrario son escarmentados o asesinados. 

¿Cuánto pranes puede haber por penal? Depende. Puede haber uno o más por pabellón o piso, depende de la arquitectura del penal. En el caso del Rodeo II las autoridades mencionan dos pranes, uno por piso del penal.

El poder del pran va más allá del simple control de los centros penitenciarios. Ellos influyen en las decisiones que se toman en los tribunales, tiene infiltrado al CICPC, ya que paraliza las investigaciones en su contra. Hubo el caso de un Comisario del CICPC que investigaba el asesinato de varios policías, según mis fuentes, término como un colador.

Uno de mis informante dijo –“Todo lo que ocurre en una cárcel (…) tiene que contar con la autorización del pran (…) el pran tiene casi siempre la fuerza para remover a los directores de los penales, siempre tienen los números telefónicos de los Directores Generales de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de Asuntos Penitenciarios y estos sobreviven en el trabajo”.

El poder del pran son las armas y la violencia. -“Cuando yo empecé en ese negocio (de ser pran), era malo. No perdonaba errores a nadie. Si se me “montaban en la acera (equivocarse) o si se “comían una luz roja” (no permanecer en sus celdas mientras el pran guarda las armas) los quebraba en seguida sin piedad: ¡Pum! ¡Pam! Par de tiros y listo”.

Los “luceros” son los que ejecutan las órdenes del pran, son los hombres más cercanos al pran, los de su “confianza” – entre comillas porque nadie en la cárcel confía completamente en quien le rodea”. Y por lo general son quienes suceden al pran, la persecución en contra de ellos debe radicarse en sus acciones delictivas dentro de la cárcel, trasladándolo a una cárcel especial que lo aislé del exterior, de lo contrario controlará la nueva cárcel.

“Un informe elaborado por los funcionarios del Ministerio de Interiores en el 2009, indica que un “pran” puede ganar anualmente hasta 10.860.000 bolívares (un poco menos de 1 millón al mes), producto de los negocios que maneja, pues al final toda la economía penitenciaria gira en torno a lo que el líder permite”, para el 2013 se estima según mis fuente que puede rondar los 2.000.000 mensuales o 2.000.000.000 de bolívares, al expandir sus actividades al exterior.

“En recintos donde hay un solo (pran), los dividendos se reparten entre él y los luceros, por lo que cada cual puede ganar unos 20 millones de bolívares (20.000 bolívares fuertes). Sin embargo, en lugares como el Rodeo (recuerde, escrito antes de septiembre de 2009), los pranes evitan la repartición, con lo que una persona en prisión podría obtener 200 millones de bolívares (200.000 bolívares fuertes) al mes” y actualmente gana 1.500.000 al mes al ampliar su acción delictiva fuera de la cárcel, dependiendo del penal.

                            Contacto en Caracas

                                                                por Kelder Toti

“En las cárceles venezolanas abundan los negocios ilegales”. Se trata de distribución de drogas, compra de armas, organización de secuestros, protección a reclusos, e inclusive venta de comida, pero para el 2013 controla tráfico de droga fuera del penal en pequeña escala, venta de arma, protección y vacuna en los barrios que controla su banda, que se comunica por teléfono celular o internet, vía skype, utilizando google Eart para señalar el objetivo a secuestrar o eliminar.

Quienes lo logran ser pranes, son los más sanguinarios, pueden comprar armas y hacerse del poder. Generalmente, quienes llegan a ese nivel son presos por homicidio, secuestro o narcotráfico, es decir, los más brutales; de ahí el peligro que las élites funcionales y políticas se pongan a su servicio, en realidad será liquidado tarde o temprano.

Lo primero que hace ese tipo de reclusos es conseguir un arma, o varias. Las compras con mucho sigilo, tratando que el pran de turno no se entere. Si tiene dinero, inicialmente busca cinco o seis reclusos a quienes nombra como su personal de seguridad o ‘luceros’. Luego los arma, y espera el momento ideal para matar al pran y hacerse del control total del penal. Los beneficios, producto del control del penal, son innumerables, esta situación empezó a cambiar cuando ampliaron su mercado a fuera del penal a los barrios, operando con bandas de 12 a 15 bandoleros, siendo imposible a las comisiones del CICPC o Policía Nacional repelerlos, obteniendo una ventaja táctica local.

Comodidades insólitas. Cuentan con televisores pantalla plana, nevera, aire acondicionado, cocina, DVD, computadoras, colecciones de gorras, zapatos y ropa de marca y licores en abundancia, discoteca y piscina. Esos delincuentes dirigen los secuestros, atracos, robo de vehículos, asesinatos, apoyados por las nuevas tecnologías y las redes sociales, ya que pueden dar órdenes por internet.

Hampa tecnológica. Como lo que les sobra es tiempo, los pranes cuentan con uno o dos reos que conocen el manejo de Internet y las redes sociales. Algunas veces, son ellos mismos los que se dedican muchas horas del día a buscar posibles víctimas, sobre todo a través del Facebook. Los pranes de Tocorón y Uribana contaban con computadoras personales con acceso a Google Earth en tiempo real, para poder vigilar las casas y propiedades de sus víctimas, así como sus "caletas" y lugares donde mantienen al secuestrado; es decir, la tecnología al servicio del hampa.

Corta vida. El reinado de los pranes generalmente suele durar entre uno y quizás tres años, aunque recientemente han aumentado su esperanza de vida, al fugarse del penal al verse amenazado por otro pran al controlar un territorio. La ambición por el poder y el dinero es tan grande que, en el momento menos pensado, se produce un enfrentamiento que los presos llaman "cambio de poder" y otro grupo toma el control. Casi siempre es otro recluso del entorno el que se hace con el mando, uno de sus luceros. En ese momento no hay contemplaciones ni fidelidades, simplemente es un desplace por otro y listo, “un quítate tú para ponerme yo”, pero a balazos, dándose las masacres de internos que ocurre con regularidad.

Generalmente se asocia con lo que el sociólogo y sacerdote Alejandro Moreno ha denominado delincuente violento de origen popular. El malandro es una persona que desde niño presenta síntomas de antisocialidad. Rechaza total y abiertamente los valores comúnmente aceptados. A diferencia del parasocial, que pese a rechazar los valores y estructuras sociales dominantes no pretende agredirlos, el malandro -o antisocial- quiere destruir los valores y estructuras de la sociedad, generalmente porque antepone a ellos su ansia de poder y de "respeto", palabra esta última que dentro de los códigos restringidos de la delincuencia tiene significados como subordinación incondicional o terror, imponiendo la cultura de cartel que se respira en cárceles venezolanas.

El rango de acción de un malandro suele ser su comunidad, a la cual somete a través del escarmiento, ayuda social y el uso de armas de fuego, permitiendo el asesinato de los policías cuando son más vulnerables, cuando están de civil, el  armamento lo adquiere con dinero proveniente de la comisión de hechos punibles. No obstante, muchos operan más allá de sus comunidades, delinquiendo en las urbes o en sus periferias, cada pran tiene limitado su territorio.

El malandro ejerce la profesión delictiva de forma independiente u organizada. Sus actividades comprenden el tráfico de drogas, la comisión de delitos como hurto, robo y secuestro -así como las peleas por las zonas para cometer estos delitos-, la industria del sicariato -también llamado asesinato por encargo- y el homicidio de enemigos o ciudadanos insubordinados, utilizando la guía telefónica para extorsionar a sus víctimas.

Si bien la sociopatía es más común entre los hombres que en las mujeres, aunque en los centros femeninos existe la figura de pran, no existen barreras de ninguna clase para padecerlo. Pero para ser diagnosticado, la persona debe tener al menos 18 años de edad, aunque por lo menos desde los 15 años ya puede presentar algunos síntomas para que el trastorno sea dictaminado con precisión.

Entre las características más comunes del trastorno de la personalidad antisocial (TPA) se encuentran la ausencia de empatía y remordimiento, también una visión de la autoestima distorsionada, una constante búsqueda de nuevas sensaciones (que pueden llegar a extremos insólitos), la deshumanización de la víctima o la falta de preocupación a las consecuencias. El egocentrismo, la megalomanía, narcisismo, la falta de responsabilidad, la extroversión, el exceso de hedonismo, altos niveles de impulsividad, o la motivación por experimentar sensaciones de control y poder también son muy comunes.

Dentro de los síntomas comunes que pueden prevalecer en la conducta antisocial, se encuentra el síndrome de aislamiento. Este síndrome es también nombrado como huida o evitación, este síndrome es caracterizado por su peculiaridad de aislamiento, pero se manifiesta como una tendencia a evadir o evitar relaciones y/o contacto con las exigencias sociales; esta conducta consta de lo reservado y lo introvertido que puede ser un individuo dentro de la misma sociedad y quienes les rodean.

Según los estudios realizados, estos individuos sufren la crítica, el rechazo, o desprecio de la sociedad, por tanto por medio de esa incomodidad utilizan un método de defensa para evitar esas dificultades, precisamente enfrentan problemas para las relaciones interpersonales. Como es descrito en estos estudios de la conducta, estos individuos enfrentan una lucha constante para salir de sí mismos y expandirse a las relaciones sociales.

Esta conducta no solamente se caracteriza de una negación total a las relaciones interpersonales de los individuos, sino que por su constante lucha de salir de sí mismos, ellos realmente tienen un deseo de poder lograr dichas relaciones, estas relaciones solo se dan con personas con las que ellos sientan empatía. Esta lucha entre el deseo y el temor ocasionan en estos individuos una frustración hasta sentirse fracasados. Por tanto, esta frustración puede traer consigo el refugio en la fantasía como la introversión. Según Quintana, Guillermo (1996) utiliza a Millon como recurso a la identificación de los diferentes tipos de evitación en la conducta. Asimismo, Quintana (1996) parte con la premisa que de acuerdo a Millon hay dos clases principales de evitación, ellas son: la evitación social activa y la evitación social pasiva.

La activa se define por el temor de ser rechazado y será alto el índice de evitación, esto es por la desconfianza en sí mismo, o sea un aislamiento forzado por inseguridad; la pasiva es descrita por incapacidades emocionales; por tanto, el mecanismo de defensa de estos individuos es aferrarse a un mundo de fantasías y a su propia fantasía interpersonal.

Las personas con trastorno de personalidad antisocial no logran admitir que están frente a un problema que debe ser tratado (egosintonía). Es por ello que es fundamental que exista un estímulo externo que les permita aceptar dicha condición. Puede venir desde la propia familia como también desde la justicia, que le ordene un tratamiento en vistas de los problemas que le puede acarrear.

Este trastorno puede agravarse, en algunos casos, especialmente cuando la persona a tratar tiene como hábito el consumo de drogas. Muchos tipos de terapia pueden colaborar a sobrellevar de mejor modo la enfermedad. La terapia grupal puede ser clave para hacer entender a la persona que puede interactuar con los demás sin necesidad de violencia o desprecio. La terapia de comportamiento cognitivo y la terapia de modificación pueden contribuir a alterar los patrones problemáticos de pensamiento que el tratado posee y a estimular los comportamientos positivos en sociedad, que puede aplicársele al antisocial, pero no al pran, ya que este siente placer en dañar a sus semejantes.

Dentro de la órbita psiquiátrica, los medicamentos se usan para combatir síntomas específicos, como la agresividad y la irritabilidad. Los fármacos conocidos como “antipsicóticos” han demostrado tener éxito en el tratamiento del trastorno como; Haldol y Terazina. Si bien se presupone que el TPA es una enfermedad crónica, algunos síntomas -especialmente el comportamiento criminal- pueden ir disminuyendo con lentitud con el paso del tiempo y un tratamiento adecuado.

Durante la etapa de desarrollo las tendencias que pueden reflejarse tienden ser de evitación o aislamiento, y no extensas. Cuando estas etapas de conductas dejan de ser parte del desarrollo, la situación se agrava cuando estas conductas afectan al manejo y funcionamiento del niño, como resultados se muestran en otros (padres, maestros, etc.) en esta situación amerita la participación de evaluaciones clínicas. Por consiguiente, se encuentran ciertas y primarios factores de los trastornos de conducta que redundarán como influyentes a la conducta social en niños y adolescentes.

Tales factores principales son: el contexto familiar, las condiciones ambientales y medios tecnológicos como factores que pueden ser de influencia a un alto índice en la conducta antisocial. Comenzando con el contexto familiar en los niños, según los estudios, la conducta antisocial está relacionada con el comportamiento de los padres de este niño o joven. Este comportamiento puede estar sujeto a alguna conducta delictiva y alcoholismo del padre como también la infidelidad y/o conflictos personales entre la relación. Como segundo argumento las condiciones ambientales o contexto en el hogar de ese niño son papel de riesgo para una conducta antisocial mayor en el trastorno, esto se le incluirá las relaciones que tienen ellos con sus padres.

Como último factor se tiene a los medios tecnológicos como factores de riesgos en el niño. Dentro de los medios tecnológicos se tiene al internet, teléfono y videojuegos, según los estudios de varios científicos, y mediante investigaciones realizadas, constituyeron a los medios tecnológicos como posibles culpables de los comportamientos que se generan en adolescentes y niños. Llevando a los niños y adolescentes a aislarse por medio del uso excesivo de los medios tecnológicos, trayendo una gravedad en el asunto antisocial

Una testigo me señalaría - “Yo voy a la visita 3 veces a la semana y gasto hasta  1.000 bolívares con todas las cosas que pagamos, sólo para que mi novio  pueda vivir allí lo mejor posible”,  relató Vanesa Palacios, novia de  un recluso de Rodeo I. Esta historia se repite con todos los reclusos, y los que no pagan son asesinados por los luceros.

Para ella y su familia la jerga  penitenciaria se ha convertido  en  parte de su vida, y asumen  que allá dentro se paga hasta  para tener  el derecho de vivir. El negocio está compuesto  por una cadena de  corrupción  entre Guardias Nacionales,  custodios de la Dirección de    Servicios Penitenciarios del  Ministerio de Relaciones Interiores y  Justicia, los líderes de  los “carros” de cada sector del  penal y agentes del CICPC (quienes se les paga y asesinan al recluso encomendado).

Pero, además, el pran está en  capacidad de someter a un selecto grupo  de reos, que por  lo general son los que tienen,  tal vez, un poco más  de poder  adquisitivo o que han tenido  algún problema con otro  recluso, y necesitan protección  extra. Esta cuota la llaman “terror  base”, que no es más que  una especie de impuesto o vacuna que cancelan  los reos para no morir.

El número de sometidos puede llegar a 50 reclusos que pagan entre 4.000 y  10.000 bolívares cada 2 meses, únicamente  para que no los maten. Por  concepto de terror base, el pran y  su carro pueden percibir hasta    2.400.000 bolívares anuales.

Todo lo que ocurre en una cárcel tiene que contar con la autorización del pran. El pran tiene casi siempre la fuerza para remover a los directores de los penales, siempre tienen los números telefónicos de los Directores Generales de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Interior y Justicia, jueces y fiscales públicos. 

Por la vida. Cada recluso paga, sólo por el derecho de vivir dentro del área de poder de algunos de los "carros", entre 500 y 600 bolívares semanales. A esta especie de alquiler se le conoce como "causa". Este cobro le puede generar al "principal" un ingreso mensual de 1.860.000 bolívares, si se multiplica por un aproximado de 1.500 reclusos que en promedio es lo que controla cada líder.

El número de sometidos puede llegar a 50 reclusos que pagan entre 4.000 y 10.000 bolívares cada 2 meses, únicamente para que no los maten. Por concepto de terror base, el pran y su carro pueden percibir hasta 2.400.000 bolívares anuales por este concepto.

Privilegios. "Los privilegios se pagan caros. Por lo general es preferible comprar las cosas dentro y no intentar meterlas con la Guardia Nacional o los custodios, porque puede generar más gastos y problemas con el pran", -"por un aire acondicionado te pueden cobrar hasta 4.000 bolívares, pero, en cambio, sólo por meter un televisor plasma, 2.000 bolívares. Una botella de ron puede costarle a un preso 400 bolívares, pero obviamente allá dentro todo es mucho más caro: un perrocaliente son 20 bolívares, las hamburguesas 60 bolívares, las consiguen cuando hay pernoctas",

Otras de las decisiones relevantes que dependen del pran es quién portará las armas de fuego. El líder establece las tarifas de venta. Por una pistola el precio base es de 300 bolívares, pero también decide si la vende o no, pues no se puede arriesgar a que los reos se armen, se organicen y monten su propio carro, por tanto, sólo su gente de confianza tendrá armas.

El principal las negocia externamente con la Guardia Nacional, específicamente con los grupos comando que entre ellos se llaman "compañeros de armas". Es preferible pagar por el arma al pran y no transarse con la GN, porque si el principal se entera le puede costar hasta la vida al preso.

Las armas más potentes son exclusivas para los "luceros" y demás miembros del carro. El hacinamiento también genera gastos importantes para la familia de los reclusos y consolida el negocio de los líderes, pues para dormir en un lugar cómodo, generalmente en las áreas administrativas de los penales, un recluso tiene que pagar entre 4.000 y 10.000 bolívares mensuales. Por lo general no son más de 40 o 50 reos los que acceden a este privilegio, y le reportan a la bóveda del pran hasta 1.440.000 bolívares mensuales.

Las bebidas que consumen los líderes del Centro Penitenciario son: un vodka rosado que es "L' Esprit de París (El Espíritu de París) Nuvo y una bebida Azul, Hpnotiq, producto de una combinación de vodka, coñac francés y zumo de frutas exóticas; también conocida como la Champagne Azul.

Nuevo se cotiza entre 300 y 600 bolívares. Hpnoti1 se consigue entre 280 y 350 Bs. Y el conocido destilado escocés está en el mercado ronda los Bs. 340.

Hace una década por lo menos que la Guardia Nacional no hace una requisa en las cárceles del país por instrucciones de funcionarios del MPPRIJ y de militares que tiene a su cargo la orden de mando. Siempre hay una excusa para no hacer las requisas: que si las elecciones, que si las encuestas, etc. Al Pran no le conviene que los Guardias Nacionales hagan bien su trabajo.

Eso significa que no le deje pasar las minitecas, ni la mercancía para las bodegas de las cárceles: comida, refrescos cigarrillos, entre otros. El Pran presiona, entonces. Y empiezan las llamadas del Pran para un funcionario, ese para otro y así sucesivamente hasta altos niveles y el militar es cambiado.

Por eso los trabajadores de esa cárcel se negaban a ingresar al lugar por temor a ser secuestrados nuevamente y golpeados. Por intervención de dos funcionarias, una vez que los trabajadores fueron liberados del secuestro de los presos, tuvieron que abrazarse con el Pran de La Planta como amigos de alma.

De ese hecho se dijo que hubo varios internos heridos, pero lo que no se dijo es que hubo Guardias Nacionales heridos por armas de fuego; ellos estaban de guardia en las garitas del recinto penitenciario.

Las granadas, ametralladoras, revólveres, pistolas, drogas no son pasadas por los familiares de los internos, quienes son revisados minuciosamente antes de ingresar a las visitas. Las drogas y las armas las pasan algunos militares corruptos, a través de Custodios de Prisiones como intermediarios. En La Planta una vez los internos quemaron un Jeep del MPPRIJ. Fue porque los guardias no permitieron ingresar al penal la mercancía de una de las bodegas propiedad del Pran.

Las cárceles están llenas, la solución que han encontrado desde el MPPRIJ es decirles a los jueces que concedan todos los beneficios posibles a los presos. Suceden por eso hechos así: un Juez de Ejecución otorga un mes antes un beneficio a Víctor Colmenares Lupión, el asesino de la modelo Marisol Da Silva Vieira. Lo capturan porque habría agredido a una mujer con una tijera para tener sexo sin preservativo. El asesino de la modelo no tenía ni un mes libre cuando agredió a otra chica. Esa es la “humanización” de la cual habla el Ministerio.

Es decir, los derechos son de los victimarios. ¿Y los de las víctimas? ¿Ese es el precio a pagar? Más dura un policía haciendo el acta policial que los detenidos presos. Un fiscal comentó que tienen instrucciones que a menos que sean casos políticos o de conmoción pública, en la fase de control, la calificación jurídica sea muy por debajo para no llenar las comisarías y cárceles, lo que es un grave error, a que el antisocial reincide en el delito.

Por ejemplo, aprehenden a un distribuidor de droga (los jíbaros de los barrios, que por lo general tiene de 3 a 4 escoltas armados y solo los micro traficantes se dedican a la distribución particular). En la Audiencia de Presentación se precalifica por Tráfico de Drogas, en la Audiencia Preliminar el Fiscal presenta acusación por Distribución de Drogas (con eso baja la calificación del delito y la pena también, lo que es un grave error que lo entusiasma para seguir delinquiendo). El imputado admite los hechos y se cambia la calificación a posesión ilícita y le dan medida cautelar sustitutiva de libertad, permitiendo delinquir de nuevo.

Así le otorgan beneficios bajo presentación. El Juez no tiene otra opción que avalar lo presentado por el fiscal. Si se niega, por lo menos de traidor a la revolución lo señalan, los miembros de los Círculos Bolivarianos, los utilizan para invadir propiedades de sus enemigos políticos y ejecuten asesinatos de opositores, y los opositores desleales los utilizan para asesinar escoltas y chavistas de bajo nivel, siempre están con el mejor postor, lo que refleja la conseja popular: “el malandro no es amigo de nadie”.

No se sabe  a qué funcionaria se le ocurrió autorizar que familiares de los internos pernocten y se queden desde el jueves hasta el martes siguiente. Eso sucede por lo menos una vez al mes, facilitando el descontrol en las cárceles. Si en esos días tiene un acto en el Tribunal, el interno no se monta en la unidad de traslado; esto es parte de los tantos diferimientos de las Audiencias y Juicios en los Tribunales. En esas estadías se quedan niños y adolescentes, hijos de los internos.

Algunos han resultado heridos pero eso nadie lo reporta para que no les prohíban las estadías en la cárcel, y quien lo hace es eliminado. Otras veces, el Pran prohíbe que determinados internos suban a la unidad de traslado. Algunos de los presos creen que si durante dos años no suben a la unidad, el delito prescribe, lo cual es falso pero se lo hacen creer, manteniéndolos en la prisión.

Se destaca que algunos factores que inciden en este flagelo son atribuibles a las políticas fallidas del presidente Chávez, ya que fortaleció el poder de los pranes en las prisiones y estos se alían con las bandas de los barrios marginales, entre ellas el colapso de las instituciones encargadas de aplicar la ley, las cuales fueron eliminada como la Jefatura Civil, siguiendo el modelo jurídico cubano. Un ejemplo reciente es el secuestro de Carlos Pujalte, embajador de México en Venezuela, la cual para el analista da una “muy mala imagen de la decadente seguridad pública. El año pasado varios diplomáticos sufrieron la misma suerte en Caracas”.

Explicó que en años recientes, el índice delictivo de Venezuela ha aumentado más que el de cualquier otro país latinoamericano. En 1998, cuando se eligió por primera vez al presidente Hugo Chávez, se registraron 4.550 asesinatos. Para 2011 esa cifra se había disparado a 19.336 -un número impactante que supera el total de asesinatos en los Estados Unidos y en la Unión Europea combinados. Actualmente, con una tasa de homicidios de 67 de cada 100.000 personas, solo Honduras, Guatemala y El Salvador superan a Venezuela.

“La situación es especialmente grave en Caracas, que muy probablemente se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo”, la cual registra aproximadamente 210 asesinatos por cada 100.000 habitantes, por lo que la tasa de homicidios de la ciudad ahora ha rebasado la de Ciudad Juárez, México -primera línea de batalla de la guerra contra las drogas en América Latina. “La debacle de la seguridad en Venezuela es aleccionadora y trágica al mismo tiempo. Es una enseñanza sobre los límites de las explicaciones, recetas y predicciones fáciles cuando se trata el tema de la criminalidad”.

Solo el desarrollo de mayores niveles de desarrollo humano son  la solución principal, que permitiría reinsertar al antisocial, purgando su condena en la cárcel, creando la infraestructura que permita solucionar el problema de la delincuencia juvenil, que no es otra que la escuela, que es el preludio de la acción antidelictiva, que permitirá vencer los altos índices de criminalidad, tanto en las grandes urbes como en las pequeñas.

“Con todo, la desigualdad en el ingreso en Venezuela ha disminuido drásticamente en años recientes. El coeficiente de Gini del país -una escala de 0 a 1 que se usa para medir las dispersiones del ingreso y la riqueza- muestra que la desigualdad se redujo de 0,498 en 1998 a 0,412 en 2008, una caída sin precedentes en América Latina”, pero al mismo tiempo a empujado a la avaricia a sectores de la sociedad que solo ven el acto de delinquir como forma de obtener poder y dinero, mejorando su status social, al no poseer la formación espiritual, que le permita tener una plena.

“Mientras tanto, los niveles de desarrollo humano han mejorado sistemáticamente en el país; el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas registró un incremento de 1% anual durante la última década. Ante estas cifras, nadie diría que hay una crisis de delincuencia en Venezuela, pero si la hay”, sobre todo de delincuencia juvenil. La violencia criminal es un síndrome de Venezuela atribuibles a las políticas fallidas de Chávez, entre éstas “el colapso de las instituciones encargadas de aplicar la ley, el sistemático debilitamiento de los gobiernos locales y la participación creciente del país en el comercio de las drogas (debido en parte a la política semioficial del Gobierno venezolano de proteger a las Farc, la narcoguerrilla colombiana y venta ilícita de armas a Colombia, Centroamérica y Mexico)”.

Algunos factores pueden ayudar a explicar los altos niveles delictivos que “no son los únicos. En efecto, en el caso de Venezuela muestra que simplemente no hay explicaciones fáciles y recetas generales para el enigma de delincuencia en América Latina”. La situación es “irreduciblemente desastrosa”. La pregunta más “irritante” es, por qué en gran medida Chávez no ha sido objeto de la ira de los ciudadanos. “Tal vez el deterioro de la seguridad de las ciudades es menos explosivo en términos políticos de lo que a menudo se piensa”, cosa que me parece falsa, lo que creo que el poder de miedo de los antisociales es mayor, ya que en algunos lugares los chavistas se alían con la delincuencia organizada, sin medir las consecuencias a mediano plazo de esa actitud.

Los Carteles de la Droga es un conflicto armado entre el Estado y las organizaciones criminales que controlan y trafican estupefacientes, y los asesinatos y secuestros selectivos en contra de personalidades importantes por órdenes de Los Cárteles, aprovecharán el vacío de poder para instrumentalizar su terror como forma de poder.

La inclusión de la guerrilla en el narcotráfico supuso otro problema, no solo por haberse consolidado como una organización narcoguerrillera, sino también por el hecho de haber implementado las denominadas «vacunas» o impuestos de guerra, aliándose con los nacientes Carteles en algunos barrios clave.

La conformación de estas organizaciones insurgentes, por la guerra de guerrilla al caer el régimen ha dejado centenares de víctimas, y ha desestabilizado varios sectores del comercio, agricultura y banca. La desestabilización será aprovechada por los Estados Unidos para intervenir activamente en el país, con asesores policiales y antidrogas; y controlar el país, que será finlandizado, es posible la desaparición de Las Fuerzas Armadas, en todo caso esa posibilidad girará en torno a los intereses de los Estados Unidos.

Venezuela desarrollará varios Cárteles de la Droga, que controlarán varias ciudades, fragmentando la nación, parecido en su estructura a los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo (Medellín y del Valle) que en algunos lugares crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura popular, cosa que se está produciendo con las películas de bajo presupuesto (narcopelículas) y canciones de rap; la cultura dedicada a exacerbar dichas actividades, muestran a una Venezuela Bárbara, donde el mal siempre triunfa, atrayendo a los jóvenes y a las mujeres hermosas a entrar al mundo del narcotráfico, principalmente narcomenudeo a fin de hacerles sentir cierto grado de poder gracias a la posesión de armas de fuego y dinero, esto ante la pobreza e ignorancia de muchas personas y la impunidad ante la justicia.

Con la prohibición, productores y traficantes formaron carteles clandestinos armados. Durante la década del 2000, al incrementarse la demanda internacional, los carteles se expandieran y se organizaron en grupos criminales de mayor envergadura usualmente liderados por uno o más capos, buscando instrucción de los grupos paramilitares colombianos o de algunos miembros de la banda Armada, lo que les permitirá controlar territorio. Ya que en las década del 2000 varios de estas organizaciones criminales consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidan igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley.

Por otra parte, en diversos sectores del país se ha observado un incremento en los indicadores de incidencia del delito. Será en la década del 2010, donde los sindicatos venezolanos dominarán el mercado de la droga, al disminuir la importancia de los Carteles colombianos del Valle del Norte y del Cauca, por la política colombiana de cero tolerancias, trasladando la actividad delictiva a Venezuela.

Es posible que redes Policía y exmilitares formen parte de los Cárteles de la Droga, aliándose con algunas bandas criminales para el traslado y tráfico de estupefacientes, su participación puede comenzar por ser proveedores, posteriormente se convertirán en mercenarios y por últimos en capos, dividiéndose el territorio, en pequeñas ciudades, donde guardan y embarcan a la droga, desmembrando al país.

Los ataques a periodistas que revelan datos y nombres de narcotraficantes, donde les ha costado la vida. Según estudiosos, estas acciones y escalada de violencia son realizadas para la desestabilización, desmoralización de la población y obtener un control pleno de las autoridades, el asesinato de periodistas que denuncian a los transportistas, es reflejo de lo que está por venir, al identificar las plazas de distribución y las personas al servicio del narcotráfico, siguiendo los mismos ejemplos de los casos de Colombia, México y el Perú para obtenerlo.

La Estrategia que contendrá al Sindicato por algunos meses, está basada en el Libro de Tom Clancy “Peligro Inminente” (en donde me alío con la oficialidad del Ejército en contra de los Pranes y las bandas distribuidora de droga), en la Película El Gran Escape, que está basada en hechos reales (donde diseño la política de detención de los señores de la droga en el Helicoide) y City Hall (que me dio ideas para atacar a Iris Varela, que permitirá desmembrar al Sindicatos del Crimen).

Yo tengo una pequeña opinion, pero muy clara al respecto, las cantidades de dinero que genera el tema hacen que ningun gobierno pueda competir en recursos, en estas ultimas decadas si bien es cierto que se han empleado recursos y sobre todo mas dinero en contra del narcotrafico, pero quedan muy lejos, pero mucho del potencial economico que mueven los carteles y en consecuencia ya partes con la batalla perdida, y eso me plantea la opinión de que pueda ser que la legalización (bien legislada y bien echa) pueda ser una gran solución para que todo tipo de cartel pierda su poder economico, que es la base de todo su poder, desde armamento, pasando por los equipos de comunicación y seguridad y terminando por la corrución que genera todo ese pastizal, yo que vivo en una ciudad pequeñita, mas bien una villa y he visto hasta que punto llego y se actua, que me vais a contar de las grandes urbes y fronteras, me da la risa.

saludos